En España está reconocido el derecho de asociación.

La afirmación es verdadera. El artículo 22 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de asociación: cualquier ciudadano puede formar o unirse a asociaciones para fines lícitos, sin necesitar autorización previa del Estado.

Las asociaciones deben inscribirse en un registro público, pero esa inscripción es solo a efectos de publicidad (que se conozca su existencia), no una autorización que el Estado pueda denegar de forma arbitraria. Quedan prohibidas únicamente las asociaciones con fines delictivos.

Este derecho es una de las bases de la vida social y cívica en España, permitiendo organizar colectivos culturales, deportivos, vecinales y de muchos otros tipos, siempre dentro de la legalidad vigente.