La atención sanitaria pública es gratuita.

La afirmación es verdadera. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y encarga a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. En la práctica, esto se traduce en un sistema sanitario público al que se accede sin tener que pagar en el momento de recibir la atención.

Se financia con los impuestos de todos los ciudadanos, no con un pago directo por cada consulta o tratamiento, lo que garantiza el acceso a la sanidad sin que el dinero sea una barrera para recibir atención médica.

Algunos servicios concretos, como ciertos medicamentos, pueden tener un copago parcial, pero la atención médica en sí es gratuita en el punto de uso.