La Constitución garantiza el derecho de los españoles a una vivienda digna.

La afirmación es verdadera. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y encarga a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, regulando el uso del suelo según el interés general.

Este derecho forma parte de los llamados principios rectores de la política social y económica, que orientan la actuación del Estado, aunque su desarrollo concreto dependa de las políticas que se apliquen en cada momento.

Al tratarse de un principio rector, su aplicación concreta se desarrolla mediante leyes y políticas públicas de vivienda, que pueden variar con el tiempo y el gobierno de turno. Por eso existen, por ejemplo, ayudas al alquiler o programas de vivienda protegida en distintas comunidades autónomas.