Se puede obligar a alguien a decir cuáles son sus ideas políticas o religiosas.

La afirmación es falsa. El artículo 16.2 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Es un derecho fundamental ligado a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el mismo artículo.

Obligar a alguien a revelar sus ideas políticas o religiosas sería contrario a este derecho constitucional. Cada persona decide libremente si quiere o no compartir esa información, sin que nadie pueda exigírsela por ley.

Este derecho protege especialmente a las personas frente a instituciones públicas o privadas que quisieran condicionar un trato o un servicio al conocimiento de sus creencias personales. Por ejemplo, ningún organismo público puede exigir a un ciudadano que declare su religión o su afiliación política para prestarle un servicio.