Los jueces administran la justicia en España según las indicaciones del Gobierno.

La afirmación es falsa. El artículo 117 de la Constitución establece que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, no a las órdenes del Gobierno ni de ningún otro poder.

Esta independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho: permite que los jueces resuelvan los casos aplicando la ley, sin recibir instrucciones políticas sobre cómo deben decidir en cada asunto concreto.

Si los jueces siguieran indicaciones del Gobierno, se rompería la separación de poderes que es clave en un sistema democrático como el español, poniendo en riesgo la imparcialidad de toda la justicia.