En España, los poderes públicos deben proteger la salud y promover el deporte.

La afirmación es verdadera. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, y además encarga a los poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como facilitar la adecuada utilización del ocio.

Esto significa que, además de garantizar la asistencia médica, el Estado tiene también la obligación constitucional de promover hábitos saludables y el deporte entre la población, como parte de una visión más amplia de la salud pública.

Esta doble vertiente (atención médica y promoción de hábitos saludables) completa el enfoque constitucional sobre la salud de los ciudadanos, más allá del simple tratamiento de enfermedades.