Los ciudadanos deben colaborar con los jueces si se lo piden.

La afirmación es verdadera. El artículo 118 de la Constitución establece que es obligatorio cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por ellos en el curso de un proceso judicial o en la ejecución de lo resuelto.

Esta obligación afecta tanto a particulares como a instituciones públicas: todos deben colaborar cuando un juez lo requiere, por ejemplo aportando información o pruebas relevantes para un caso.

No colaborar con la justicia cuando se requiere legalmente puede tener consecuencias legales para la persona o institución pública o privada que se niegue a hacerlo. Este deber de colaboración es una de las bases que permiten que el poder judicial funcione con eficacia en la práctica.