En España, la Constitución obliga a todos los ciudadanos a practicar una religión.

La afirmación es falsa. El artículo 16 de la Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y garantiza la libertad religiosa e ideológica de todas las personas. España no obliga a nadie a practicar ninguna religión, ni tampoco a no practicarla.

Cada persona es libre de tener la religión que quiera, o ninguna, sin que el Estado pueda imponer una creencia religiosa. Esto es lo que se llama aconfesionalidad del Estado: el Estado no se identifica con ninguna religión concreta.

Este principio es distinto del de un Estado confesional (con una religión oficial) o del de un Estado que prohíba la religión: España simplemente no impone ninguna, dejando la libertad religiosa en manos de cada persona.